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COLOMBIA: CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

COLOMBIA: CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL NO A LA LEGILAZACIÓN DEL PARAMILARITARISMO.

Las organizaciones sociales, políticas y de DD.HH, en unión con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra y sus familiares expresamos públicamente nuestra preocupación y rechazo por la forma como el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez viene adelantando el llamado diálogo con los grupos paramilitares. Estos grupos armados se han encargado desde sus orígenes a proteger los intereses de los terratenientes y al aniquilamiento de toda oposición a las políticas impuestas por el Estado, generando un ambiente de TERROR generalizado en la población.

En la época de la Colonia, se reclutaba a los campesinos como ejércitos privados, con el fin de resguardar los intereses de los hacendados y de la Corona. Durante las guerras del siglo XIX, los grandes latifundistas financiaban estos ejércitos para que protegieran sus tierras y sus privilegios. A partir de la violencia de los años 40, mientras que la Policía armaba los campesinos, llamados Chulavitas, para atacar a las poblaciones liberales y asegurar el triunfo del partido conservador, los terratenientes utilizaban a los llamados Pájaros o Guerrillas de Paz, con el fin de salvaguardar sus propiedades y extenderse territorialmente. En los años 50, el Coronel Sierra Ochoa sistematizó esta política de represión y el en 1.962, luego de una visita al país, el director de investigaciones del Centro de Guerra Especial de Fort Bragh, (Carolina del Norte), el general Yarborough redactó un Suplemento Secreto al informe de su visita que dice: Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después.

Desde entonces se crearon las bases legales para oficializar el paramilitarismo:

a) Decreto 3398/65 y La Ley 48/68 (Ley de Seguridad Nacional)

b) Ley 356/94, que creo las Convivir

c) Ley de Seguridad Nacional 684/ 2001, declarada inexequible por la Corte Constitucional, algunas de cuyas disposiciones se siguen aplicando hoy en día de hecho.

d) El programa del Plan Colombia, a través de la asistencia militar entregada al Estado colombiano, favorece el crecimiento y la expansión de los paramilitares.

Hoy, estos grupos armados siguen siendo funcionales a las estrategias del Estado. La Política de Guerra y Seguridad Democrática del actual gobierno lleva implícita la legalización y legitimación del proyecto paramilitar, reforzada con la red de informantes y de soldados campesinos. El Decreto 128 de enero de 2003 que reglamenta la ley 782 de 2002, que prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, faculta al gobierno nacional, entre otras cosas, para conceder indulto o amnistía a los grupos paramilitares y dejar sus crímenes en la impunidad. Los medios de comunicación han apoyado esta estrategia, haciendo apología a estos grupos armados y a sus jefes, con el fin de exonerarlos, frente a la sociedad civil, de toda responsabilidad por los delitos cometidos. Se han tratado de distraer los vínculos con políticos, con la fuerza pública, con el narcotráfico y con diversos agentes del gobierno Norteamericano.

El Estado Colombiano es responsable, por acción o por omisión de los crímenes cometidos por los paramilitares, dado que esta obligado a garantizar la protección y la vida de todos los ciudadanos. Lo cual ha sido confirmado no sólo por los hechos sino que ha sido planteado por los siguientes organismos y medios de comunicación:

· El último informe de Amnistía Internacional devela la responsabilidad del Estado por no combatir al paramilitarismo y convivir con él en las zonas de mayor presencia militar.

· En documentos de la Cruz Roja Internacional se advierte que la creación, la existencia, la connivencia y la tolerancia con grupos paramilitares es una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

· Los relatores y los grupos temáticos de la Comisión de DD.HH de la ONU, la Comisión Interamericana de DD.HH de la OEA y las diversas organizaciones de DD.HH han denunciado reiteradamente los vínculos de la fuerza pública con los grupos paramilitares.

· Algunos artículos de prensa y escritos manifiestan los antecedentes y la relación del actual gobierno con la creación de grupos paramilitares.

· Procesos y hechos en los cuales se encuentra probada la relación de los grupos paramilitares con la Fuerza Pública: Informe del Procurador Jiménez Gómez en 1983, dando cuenta de la existencia del grupo Muerte a Secuestradores, integrado por 163 personas de las cuales 59 eran de las Fuerzas Militares; ejecución del Alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra y otras 4 personas el 15 y 16 de Agosto de 1986; creación de grupos paramilitares en San Juan Bosco Laverde, El Carmen y San Vicente del Chucuri en Santander entre 1986 y 1996; Ejecución de 19 comerciantes en Puerto Parra y la Comisión judicial que lo investigaba en la Rochela Santander en 1989, testimonio de Alonso de Jesús Baquero a. Vladimir; Red 007 de la Armada en Barrancabermeja entre 1990 y 1994 ejecuta 70 personas; Masacre de Segovia Antioquia en 1988, son ejecutadas 50 personas, en Yarumal Antioquia entre 1993 y 1994 se ejecutan aproximadamente 65 pobladores por el grupo los 12 apóstoles; masacre de los Uvos el 7 de Abril de 1991 ejecutan 17 campesinos, masacre de Caloto el 16 de diciembre de 1991 ejecutan 20 indígenas; en 1991 es ejecutado Carlos Pizarro Leongómez en un avión en el aeropuerto El Dorado en Bogotá; masacre de Trujillo entre 1986 y 1994 son detenidos y ejecutados 350 personas; masacre de Riofrío el 15 de Octubre de 1993 se ejecutan 13 campesinos; masacre de Mapiripan entre el 15 y el 20 de Julio de 1997 son ejecutados 49 pobladores; atentado a Wilson Borja y a sus escoltas el 15 de Diciembre de 2000; masacre de la Galleta contra los reinsertados de la CRS el 17 de Enero de 2000, masacre de Alaska en el Valle el 10 de Octubre de 2001 son ejecutados 24 campesinos; masacre del Naya entre Cauca y Valle son ejecutados más de 100 campesinos entre el 9 y 12 de Abril del 2002, esta es una simple reseña de algunos casos.

· El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, declaró públicamente que el 35% del Congreso de la República, es decir 90 congresistas, obedecen a las políticas paramilitares, sin que las autoridades hayan hecho nada para investigar estos hechos.

· Durante la campaña presidencial, el candidato Horacio Serpa, denunció que grupos paramilitares del Magdalena Medio presionaron a los electores para sufragar a favor del candidato Álvaro Uribe Vélez.

· La senadora liberal Piedad Córdoba manifestó en el Congreso que le parecía ridículo e imposible realizar un diálogo de yo con yo, haciendo evidente la responsabilidad del Estado en la creación y mantenimiento del paramilitarismo.

· Se ha establecido la responsabilidad de estos grupos en el desplazamiento de miles de campesinos, indígenas y ciudadanos en general. Se constatan agresiones a las misiones médicas en las regiones, a centros educativos, a estudiantes y a profesores, entre otros.

El gobierno actual facilita el derecho a la ternura a los grupos paramilitares y propone un proyecto de ley que mantendría en la impunidad sus crímenes, como lo ratifican Organizaciones de DD.HH a nivel internacional, partidarios del presidente en el Congreso Rafael Pardo, Germán Vargas Lleras, el editorial de New York Times y Michael Fruling, director de la oficina en Colombia del alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otras, mientras que se muestra reacio frente a cualquier posibilidad de diálogo con la guerrilla. En el proceso de legalización de los grupos paramilitares, algunos se han mostrado reticentes a la desmovilización, lo que hace pensar que en las zonas de presencia de la guerrilla se continuarán realizando operativos de limpieza social y de guerra sucia contra los movimientos populares.

Si las organizaciones y los colombianos no nos pronunciemos y denunciamos el vínculo del Estado con los grupos paramilitares, su dominio seguirá extendiéndose hasta la conformación de un PARAESTADO en Colombia.

Las organizaciones y los ciudadanos firmantes de este documento consideramos que:

1- El gobierno debe dar una solución política al conflicto social, económico y militar para acabar con la guerra. Para ello debe reiniciar el dialogo y negociación con los movimientos guerrilleros y desmovilizar a los paramilitares. En este proceso, la población en general debe tener una real participación.

2- En el proceso de desmovilización el Estado no puede darle legitimidad al paramilitarismo o vincularlo a la fuerza pública o a los organismos de seguridad.

3- NO AL PERDON Y OLVIDO. No a todas las leyes de punto final, de obediencia debida, de auto indulto o cualquier otra medida que deje estos crímenes en la impunidad.

4- La desmovilización y sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares debe realizarse en Colombia y a la luz pública, con total transparencia, informando a la opinión pública nacional e internacional sobre los resultados de la misma, para que las organizaciones sociales, la comunidad, las fuerzas políticas y de manera especial, las víctimas, cuenten con todas las garantías para expresar sus opiniones y propuestas de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.

5- Los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad cometidos por los grupos paramilitares deben ser investigados y sus autores -intelectuales y materiales- deben ser investigados, juzgados y castigados.

6- En el proceso se debe develar los nombres de los financiadores, los encubridores y los beneficiarios de la estructura paramilitar y los métodos y mecanismos de impunidad implementados hasta el día de hoy. De igual manera, debe quedar claramente establecido quienes han sido las víctimas, y las razones por las cuales fueron eliminadas. Este esclarecimiento debe hacerse desde el año de 1945 fecha en la cual inicia el proceso de genocidio de los movimientos populares.

7- El Estado debe indemnizar integralmente a las víctimas del paramilitarismo, reparando patrimonialmente los daños morales, materiales, sociales, políticos y psicológicos causados.

8- El Gobierno colombiano debe prestar atención a las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la ONU, OEA, y a las instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo, sobre la desacertada política de supuestos diálogos con los grupos paramilitares.

9- Aclarar públicamente cual será el destino de las tierras y demás bienes que le robaron a los miles de campesinos y demás pobladores que hoy se encuentran desplazados y marginados en los centros urbanos.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, al Parlamento Europeo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, a las Organizaciones especializadas de Derechos Humanos en el mundo, los movimientos sociales y políticos nacionales e internacionales, para que desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se expresen públicamente y llamen al Estado colombiano para que cumpla con los Tratados y Convenios de Derechos Humanos y ponga en práctica la Declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 1997, en donde expone la obligación que tiene el Estado para que las víctimas, sus familiares, las organizaciones y la humanidad de darles a conocer la verdad, aplicar justicia y reparar integralmente el daño causado; como también aclarar que los crímenes de Lesa Humanidad son innegociables, irrenunciables e imprescriptibles, de jurisdicción universal y no pueden ser objeto de amnistía o indulto.

De igual manera, llamamos a las iglesias para que fieles al mensaje de solidaridad, paz y amor del que son depositarias, y a que se comprometan a ser instrumentos fieles contra la impunidad, por la recuperación de la memoria histórica, la justicia y la reparación integral.

Bogotá, septiembre 1-2003
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, Confederación General de Trabajadores Democráticos - CGTD, Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá, FENSUAGRO, Movimiento Gaitanista, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, WILSON BORJA Representante a la Cámara, ANUC UR, Corporación COS PACC, FENALTRASE, Sintraunicol, Casa Colombiana de Solidaridad, Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica, Sintramin, Anthoc nacional, Asociación Colombiana de estudiantes ACEU

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